2007-09-10

La reforma fiscal se encuentra con dictámenes listos en ambas cámaras y sigue a la espera para que pueda ser votada, que se prevé pueda ser esta semana, mientras que un estudio de la Facultad de Contaduría de la UNAM considera que la implantación de las medidas fiscales de la mancuerna Carstens-Calderón deben ser estudiadas cuidadosamente para no afectar y molestar al contribuyente.

En cuanto a la CETU, el análisis destaca que la propuesta contiene el mismo fundamento teórico de la Flax Tax, de Hall Rabushka, que es una forma de recaudación con base en un impuesto único a la renta que se aplica de forma pareja a trabajo, capital y consumo, aunque “se aleja de sus propósitos en algunos aspectos”. 

Los especialistas señalan que “el control que requiere ese nuevo impuesto se suma a las obligaciones tradicionales del ISR para las empresas; así, la simplicidad queda eliminada, pues sólo se lograría si, efectivamente, la CETU se convirtiera en la única contribución directa, desapareciendo el impuesto sobre la renta”, pues con el modelo propuesto por el gobierno federal la contribución empresarial a tasa única sólo se engrana al ISR y no funge como único gravamen. 

En lo que toca al impuesto contra la informalidad, el estudio académico refiere que hará posible la recaudación proveniente de personas que obtienen ingresos del ejercicio de la economía informal o de actividades ilícitas, pero su fortaleza se demerita porque también afectaría a los contribuyentes formales, debido a que durante el proceso de acreditación se les podrían retener contribuciones, ocasionando “la merma en sus flujos de efectivo, con todo lo que ello significa”. 

Sobre las modificaciones propuestas al Código Fiscal, los académicos consideraron que la persecución contra los evasores no debe darse mediante el “desmantelamiento de las garantías de seguridad jurídica”, como plantea la propuesta calderonista, pues –indica el análisis– ésta suspende el cómputo de intereses en devoluciones sujetas a auditoría; la responsabilidad solidaria a administradores, contadores, abogados y asesores; hay pérdida del valor probatorio de documentos no exhibidos dentro del procedimiento de revisión; amplía las causas de presunción de ingresos y valores, e interviene de manera “desmedida” en el proceso penal. 

La propuesta del gobierno sobre la integración del subsidio fiscal a la tarifa de impuesto sobre la renta, con una proporción de 86 por ciento para todos los asalariados del país, es “sin duda” una simplificación en el cálculo del impuesto, señala el estudio, pero acota que, sin embargo, “esta reforma incrementaría el impuesto a aquellos trabajadores para los que la proporción del subsidio, calculada con los datos de la propia empresa, sea superior a 86 por ciento, es decir, para los que reciban menos” prestaciones por las que no se paga ISR.    

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