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2003-10-01
La elección de una nueva Cámara de diputados y un par de cambios en el gabinete presidencial hicieron abrigar esperanzas de que, ahora sí, el Ejecutivo y el Legislativo lograrían ponerse de acuerdo para instrumentar las reformas fiscal, energética, institucional, laboral y educativa que necesita el País. Las noticias más recientes al respecto, sin embargo, muestran que en la práctica los resultados serán desalentadores. Lo más probable es que la "realidad política" hará que algunas reformas se queden cortas, otras se mutilen y diluyan, mientras que unas más permanecerán en el tintero. Lo que no se logre antes del verano del 2004 tendrá que esperar a la próxima administración, porque para mediados del año entrante los partidos políticos estarán más entretenidos en la carrera presidencial del 2006, que en la instrumentación de reformas que generan el descontento de diversos grupos de poder. No extraña, por tanto, que la discusión técnica de temas económicos, como por ejemplo el diseño de las reformas estructurales, se contamina con intereses creados, tanto políticos como económicos. El estira y afloja en el debate sobre estas reformas no necesariamente se basa en el estudio y la ponderación de análisis profesionales, sino que pesan más las apreciaciones personales sobre los costos y beneficios políticos para los distintos partidos. En las próximas semanas podremos aquilatar la verdadera substancia de la retórica política sobre las reformas. En principio, la más comentada en los medios es, sin duda, la fiscal. Las autoridades trabajan con legisladores y gobernadores en el análisis y discusión de los temas fiscales más relevantes y ahora se anuncia una Convención Nacional Hacendaria. Esto ha generado la impresión en el público de que existirán los votos suficientes en el Congreso para aprobar una reforma fiscal. Lo que no queda claro, sin embargo, es cuándo se dará y si será suficiente para subsanar las deficiencias presupuestales actuales y futuras, o si acabará meramente como un parche más a nuestro sistema tributario. El contenido y diseño de una buena reforma tributaria es una tarea que no corresponde a los Gobernadores sino a especialistas en la materia. Es, a fin de cuentas, una labor de la tecnocracia económica. La aprobación de la reforma corresponde al Congreso. Para que el proceso sea exitoso se requiere que las autoridades sepan explicar y los legisladores entender los conceptos y razones que están atrás de la reforma. A México le urge una reforma impositiva porque los ingresos públicos, particularmente los tributarios, se ubican entre los más bajos del mundo, mientras que una tercera parte del gasto gubernamental se financia con los volátiles ingresos petroleros. La conclusión de diversos estudios profesionales sobre nuestro sistema impositivo es que genera relativamente pocos recursos, no porque el nivel de las tasas sea bajo con respecto a otros países, sino porque existen muchos tratos preferentes y exenciones que favorecen a ciertas actividades y distorsionan significativamente la asignación eficiente de los recursos de la sociedad. En los medios de comunicación se han ventilado algunos de los aspectos más importantes de lo que se perfila como reforma impositiva, destacando la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre alimentos y medicinas, aún cuando no se define todavía si será con una tasa homologada al resto de los bienes y servicios, o mediante la aplicación de tasas diferenciadas. La homologación del IVA mediante la eliminación del trato especial en la frontera y la desaparición de las exenciones y la tasa cero, así como la cancelación de los tratos preferentes en el impuesto sobre la renta, son buenos mecanismos para fortalecer las finanzas públicas de nuestro país, pero al mismo tiempo es un camino lleno de escollos creados por aquellos que ven amenazados sus privilegios, así como por quienes se oponen a cualquier cambio por razones políticas. Es importante, por ello, que la discusión de la reforma fiscal deje de confundir el diseño de una buena estructura tributaria con el nivel en que se fijan las tasas impositivas. Lo primero es una tarea de especialistas para la que existen amplios fundamentos económicos y abundantes experiencias internacionales que muestran la conveniencia de la desaparición de privilegios y preferencias impositivas, con el fin de lograr una estructura tributaria eficiente y equitativa que reduzca las oportunidades de elusión y evasión. El nivel de las tasas, en cambio, se establece una vez definida la estructura, y depende de la cantidad de gasto público que se desee realizar. Si la sociedad mexicana espera mucho gasto del Gobierno, también tiene que estar dispuesta a pagar las tasas de impuestos necesarias para financiarlo. Una reforma fiscal efectiva no es, por naturaleza, popular. Afecta muchos intereses creados que en diversos foros levantan sus voces opositoras. Por otra parte, una reforma fiscal diluida no mejorará la eficiencia en la economía ni resolverá la escasez de recursos, que se agravará por la "generosidad" recurrente de los legisladores y la proliferación de subsidios que reclaman los sectores productivos. Por consiguiente, la calidad de los nuevos legisladores se medirá en función de qué tanto estén dispuestos a sacrificar su popularidad y aceptar las consecuencias políticas por aprobar una reforma fiscal que, basada en fundamentos conceptuales sólidos, así como en experiencias internacionales exitosas, facilite la tarea gubernamental y contribuya a elevar el bienestar de la población en el futuro. Lamentablemente, me temo que en esto, como en muchos otros temas relevantes para el País, nuestro Congreso estará más interesado en parches que en reformas. Periódico Reforma.
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