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2003-07-09
Tras haber vivido de primera mano el tortuoso camino que implica iniciar una compañía en nuestro país, aventuro la opinión de que en México existe una actitud de profundo desconocimiento, sino de franco desprecio, por la actividad empresarial. Y aunque esto se manifiesta de diferentes maneras en los distintos sectores de la población, en ninguno es tan pernicioso como en el encargado de establecer las reglas del juego: el Poder Legislativo.
¿Con qué ánimo puede alguien poner en riesgo su patrimonio en un país donde las pautas cambian año con año, en penoso ritual en el que se reúne un grupo de personas sin la menor idea del esfuerzo y del sacrificio que representa cubrir una nómina, pero que con pavorosa ligereza concibe el engendro conocido como la "miscelánea fiscal"?
La incertidumbre de no contar con un marco jurídico estable, entendible, que permita la planeación a mediano plazo, y los costos indirectos de aprender cada año las nuevas reglas, son algunos de los obstáculos que impiden el desarrollo formal de la pequeña empresa.
A la falta de certidumbre legal debemos agregar la actitud esquizofrénica de la autoridad que, mientras tolera la franca ilegalidad de los sectores informales de la economía, se lanza en feroz persecución de quienes cometen la osadía de intentar operar dentro de la formalidad.
Nuestros legisladores ponen la carreta frente al caballo y se resisten (por razones ideológicas, ignorancia o conveniencia política) a establecer un marco jurídico inteligible, que dé certidumbre a las inversiones y fomente el desarrollo de las PYMES del país, no a través de costosos programas gubernamentales sino mediante la eliminación de trabas y obstáculos administrativos y fiscales.
Se resisten, por ejemplo, a legislar para que se flexibilicen las relaciones laborales, argumentando que tal cosa implicaría un retroceso, una renuncia a las conquistas de la clase trabajadora. ¿No se dan cuenta que con la supuesta defensa de una ley anacrónica están condenando al desempleo, y por ende a la pobreza crónica, a un creciente número de personas? Porque si bien es cierto que la actual ley defiende al trabajador en su relación con las grandes empresas, también lo es que, cuando se aplica a las pequeñas y medianas, resulta un pesado lastre que atenta contra la creación de oportunidades formales de empleo en el país.
Quizá lo que ocurre es que nuestros congresistas no comprenden que, sin menoscabar el inmensurable bien que hacen las grandes corporaciones al desarrollo económico del país –sin las cuales sería inconcebible el despliegue de redes de telecomunicaciones y el aprovechamiento a gran escala de otros avances tecnológicos–, en materia de generación de plazas éstas no han podido –ni podrán– satisfacer las demandas de una población creciente, por lo que la tarea recae en las PYMES.
¿No es tiempo, pues, de que diputados y senadores comprendan que ese loco que contra todo pronóstico decide poner en riesgo su patrimonio para crear fuentes de empleo es su mejor aliado en la lucha contra la pobreza y la marginación? José Luis González Sánchez
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