La Secretaría de Hacienda es quien determina la política energética de nuestro país al determinar los precios del petróleo y de la electricidad, que siempre causan polémica con el sector empresarial y con el poder Legislativo, ya que no se apegan a la realidad económica interna ni internacional.
Los diputados critican la política de fijación de precios del crudo de exportación al no encontrarse concatenado con el precio internacional del hidrocarburo, las diferencias son superiores al 50 por ciento o más, en comparación con el precio del WTI, que tiene una diferencia de hasta 20 dólares con la mezcla mexicana.
Para este año el precio del crudo se fijo en la Ley de Ingresos en 49 dólares y a la fecha se encuentra por arriba de los 100 dólares. Los estados se encuentran molestos por as fórmulas que determina la dependencia que dirige Agustín Carstens, pues sostienen que no corresponde a estados de desarrollo sino a situaciones poblacionales, lo que debe cambiar diametralmente para que se terminen los rezagos en las diferentes entidades del país.
El poder Ejecutivo ha presentado la reforma fiscal de PEMEX, y en ningún momento se habla de estimular el crecimiento de la paraestatal a través de mecanismos internos, ubica la rentabilidad de la empresa vinculada a la introducción del capital extranjero o nacional en sus operaciones.
La clase industrial, política y académica clama por una expropiación de PEMEX, pero de las manos de la Secretaría de Hacienda, que no se ha distinguido por los manejos claros y transparentes de los recursos excedentes provenientes de los hidrocarburos.
Se ha informado por la Auditoría Superior de la Federación que no se transfirieron en tiempo y forma cerca de 13 mil millones de pesos que se obtuvieron en el 2006 por la venta del crudo.
Ante esta situación, la principal situación que se debe corregir antes de pensar en la introducción de capitales privados en la principal empresa de México, es la limpieza y el buen funcionamiento y administración de la misma y sus recursos.
Debe contar la SHCP con mejores mecanismos para la determinación del precio del crudo en el mercado internacional y mejores procesos para la transferencia de los recursos y así acabar con las pugnas intestinas que se tiene con los gobernadores de los estados año con año.
