Esta semana se terminó de aprobar la reforma fiscal y hacendaria de nuestro país por el Congreso de la Unión, la que ha mostrado el lado oscuro del Gobierno Federal y de las autoridades fiscales, así como la falta de interés del Legislativo en cuestionar el manejo de las cifras oficiales.
Por principio de cuentas como dimos cuenta durante la semana pasada se manejaron las cifras de evasión fiscal de acuerdo a lo que está buscando el gobierno y la autoridad fiscal, una mayor recaudación.
En su propuesta para impulsar el polémico Impuesto a la Informalidad, que terminó siendo el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, argüía el Poder Federal que la evasión fiscal “en el ultimo par de años se había incrementado en un 15 por ciento”.
Y en la semana el cuestionado José María Zubiría, jefe del SAT, sale a decir que la evasión fiscal en nuestro país ha disminuido en un 4 puntos porcentuales durante el ultimo trienio, es decir de un 27 a 23 por ciento.
¿Cuál es la real, la del Gobierno Federal o la del SAT? Vemos que las cifras las acomoda el gobierno y su estructura sin ningún pudor y respeto para la ciudadanía. Lo único que le interesa es conseguir su objetivo: aumentar la recaudación sobre los mismos con mayor dificultad y costo para tributar.
Además, la Secretaría de Hacienda que encabeza Agustín Carstens, enunció que no habrá afectaciones para el empleo, cosa que debate “John A. McLees, socio tributario del bufete Baker McKenzie, quien colaboró con su contraparte en Tijuana en un estudio que argumentaba que la propuesta subió el costo laboral para los salarios que oscilan entre US$15.000 y US$35.000 al año (US$1.250 y US$2.910 al mes), es decir, los sueldos medios en México. Cuando los trabajadores cuestan más, las compañías contratan menos. Para un presidente cuya candidatura se basó en el empleo, esto es una decepción,” puntualiza el Wall Street Journal en su artículo “Calderón obtuvo su reforma tributaria, pero ¿A qué costo?”.
El contribuyente ante esta situación continuará con la desconfianza en contra del Gobierno Federal, autoridades fiscales y representantes populares, por la falta de honestidad y transparencia en lo que se debate y aprueba. El contribuyente seguirá dudando sobre la veracidad que se dé a esos recursos adicionales porque no hay claridad en el discurso inicial.
