La reforma fiscal-hacendaria de Calderón-Carstens no ha logrado un mínimo de aceptación en los diversos sectores de la sociedad mexicana, a pesar de que insiste que es por los más pobres para terminar con los enormes abismos sociales que existen en nuestro país. La Contribución Empresarial de Tasa Única sigue siendo apoyada por instancias que se encuentran íntimamente ligadas al poder público. Aducen que su implantación en pocos años tendrá frutos para la atracción de inversiones.
Pero las organizaciones empresariales se mantienen en contra sobre la instrumentación de este nuevo gravamen porque la tasa es más alta (realmente) y las deducciones son mucho menores a las permitidas en el ISR.
La nueva versión 2.0 de la reforma fiscal hacendaria se referencia a la anterior y toma en consideraciones algunas de las recriminaciones que realizaron los diferentes sectores productivos de nuestro país.
Con este nuevo escenario que se está conformando la discusión de la reforma se torna interesante en saber si los tiempos contemplados por el gobierno federal y los niveles de recaudación serán los mismos que contemple el Poder Legislativo.
Todo indica que la discusión se contamina por los elementos coyunturales: las elecciones estatales del momento, además de las reformas electorales y los intereses de partido.
Se pronosticaba una negociación tersa por los antecedentes de diciembre pasado, sin embargo, las cosas se están dando de manera diametralmente opuestas. La oposición, PRI y PRD, principalmente se oponen a la instrumentación de nuevos gravámenes a nivel federal y local.
Esta negociación demuestra nuevamente que los intereses nacionales quedan supeditados a los intereses políticos de cada partido, en los que la respuesta nacional se supedita a los colores de cada instituto político y no al proyecto de país que todavía se encuentra desdibujado por el Gobierno Federal y por la clase política.
