La reforma hacendaria-fiscal propuesta por Carstens-Calderón no saldrá en los términos que fue planteada para conseguir recursos adicionales, y si quieren conseguirlos en el corto plazo tendrán que realizar un trabajo político de altura para conseguir el apoyo del PRI o del FAP al aprobar los cambios fiscales y hacendarios necesarios para cumplir con sus objetivos. Por el momento hasta el mismo PAN ha rechazado el principal impuesto: la CETU, y ha manifestado que hasta el nombre le van a cambiar, a lo que hay que sumar que la semana pasada se presentó en la Comisión de Hacienda de San Lázaro la propuesta de reforma fiscal del Frente Amplio Progresista.
Los partidos políticos han expresado que se tomará lo mejor de cada iniciativa presentada para conseguir elevar la recaudación tributaria del país, ya que se pronostica que dentro de 5 años México dejará de exportar petróleo, y por ende dejará de recibir recursos por este concepto.
Los intereses que se tienen en la palestra por parte del gobierno federal y el PAN buscan elevar la recaudación para cumplir con los compromisos de los Pidiregas y cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo demostrar su eficacia en el poder y dejar atrás la frase de “cambio cosmético.”
La segunda fuerza política en el recinto legislativo de San Lázaro, el PRD; buscará que se tenga una reforma tributaria progresiva que busque gravar a los contribuyentes de acuerdo a su capacidad económica.
El PRI buscará que la parte hacendaria gire en cuanto a conseguir recursos de la Federación para los estados sin imponer esfuerzos recaudatorios locales, es decir, a través de los impuestos locales que se pretenden en la gasolina (30 centavos) y de un 4 a 4.5% en IEPS para refrescos, cigarros y cervezas.
Los intereses de cada uno de los principales jugadores son claros y la siguiente reforma fiscal o gran miscelánea fiscal los reflejará, lo importante es saber que de esta conjunción de intereses no se vaya a terminar en un Frankenstein como ha sucedido en esfuerzos pasados en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación termina por declarar inconstitucionales los cambios realizados por un trabajo legislativo falto de rigor, meticulosidad y estudio sobre lo aprobado.
