La reforma fiscal integral que desde inicio de año se prometió enviar al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nuevamente queda en el aire al no tener fecha de ser presentada al Poder Legislativo y sólo se han conocido las intenciones del Ejecutivo de aumentar el precio en gasolina y servicios, así como las intenciones de imponer impuestos estatales.
Sin embargo, se prevé que su aprobación no será de fast track como el paquete fiscal del año pasado en el que se aprobó prácticamente como venía del Ejecutivo, lo que ha sido recriminado entre los mismos diputados. “Se aprobó como lo pidieron”, señaló Manuel Cárdenas Fonseca, del Panal.
La excusa que sostiene la SHCP para no enviar la iniciativa de reforma fiscal es que quiere enviar algo que tenga una inminente aprobación política por parte de los ocho partidos en la Cámara de Diputados.
Ojalá antes de que termine el sexenio de Calderón Hinojosa se tenga una regulación tributaria y hacendaria que puedan hacer más competitivo al país en todos los sectores. Y en lo que seguramente la redefinición de PEMEX en las finanzas públicas tendrá un papel fundamental para que no siga siendo la empresa petrolera que más impuestos paga a nivel mundial. También tendrá que recortar las canonjías a su sindicato para que no siga siendo una fuerte sangría a la paraestatal.
Todo se encuentra en marcha, y el famoso 15 por ciento que falta por amarrar en la reforma deja mucho espacio abierto para que los municipios, estados, clase empresarial, especialistas, sigan demandando una corrección del marco tributario.
Lo más preocupante es que señalan que saldrá una reforma fiscal políticamente posible, y ante tal situación no se delinea ante la opinión pública un mapa de crecimiento tributario en el futuro cercano sobre los cambios que se pudieran plantear.
