La virtud obligada del gobierno federal y de los legisladores que manifestaron a finales del año pasado en avanzar en un desarrollo económico sostenido, al comprometerse en atender el fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la reforma fiscal, a la fecha se ha vuelto un círculo vicioso en ambas partes. El primero señala que no hay fecha para presentar una reforma fiscal al Congreso de la Unión, mientras que el PRI condiciona su aprobación a que los comicios estatales no se vean influidos por el gobierno federal.
Académicos, analistas, políticos y organismos internacionales coinciden en que el gobierno federal difícilmente podrá atender sus obligaciones y compromisos mientras no tenga unas finanzas públicas sólidas que dependerá del fortalecimiento tributario en gran medida.
La ruta de trabajo que se declararon impostergable y que requería de largas jornadas de trabajo para que saliera lo antes posible tomó caminos variados: viajes, posposiciones, indefiniciones, trabajo a cuenta gotas, escasa transparencia de los avances logrados con los contribuyentes y ciudadanía.
Mientras tanto, siguen mostrándose diferentes puntos que se deben atacar para acabar con la evasión fiscal, a lo que las autoridades fiscales sostienen que esta situación (evasión) no es la solución para aumentar la recaudación en nuestro país.
El futuro de la reforma fiscal es menos claro que en sus inicios, pues la parte política por parte del gobierno federal como de los partidos políticos se sobrepone a los intereses generales. El gobierno federal no quiere expresar los adelantos del 80 por ciento por temores políticos y algunos partidos como el PRI, que se considera por Agustín Carstens fundamental para lograrla, la toman como rehén para lograr objetivos políticos.
Nuevamente se demuestra que el viejo orden político no ha sido desplazado por la alternancia política y los nuevos vientos que deberían operar en los temas de seguridad y desarrollo nacional.
