La administración del presidente Calderón Hinojosa considera que la reforma fiscal es urgente para contar con recursos para poder enfrentar sus compromisos de campaña de mejorar sustancialmente la seguridad pública y la generación del empleo, sin embargo, su posición frente a la reforma fiscal no se ve claramente.
+Hasta la fecha no se tiene claro si tiene una reforma fiscal. Al tema siempre le rehuyen el Presidente y el Secretario de Hacienda, nunca quieren especificar cómo sería su propuesta fiscal que se propondrá al Congreso de la Unión.
+Su principal preocupación es construir una imagen de mejoramiento de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado para en su momento tratar de disminuir el descontento que pudieran traer estas modificaciones.
+Hoy se encuentra evaluando el costo político que le podría traer tocar el bolsillo de las mayorías, y analizando como se alinean las fuerzas políticas para su posible aprobación.
+Hasta el momento ya se vio que habrá dos grandes bloques políticos: PAN, PRI, PVEM, PANAL y PAS, mientras que la oposición será el Frente Amplio Progresista (PRD, Convergencia y PT), siendo este grupo olvidado por el Presidente en su mensaje de felicitación a partidos políticos por la aprobación de la reforma de pensiones del ISSSTE. Olvidó realizar una invitación a la oposición para buscar coincidencias en las siguientes reformas estructurales, detalle importante si quiere un gobierno de consenso.
+En el Senado se realizó un estudio para buscar fuentes de recursos para las pensiones de los trabajadores del Estado. Se manifestó que estos 200 a 300 mil millones de pesos podrían obtenerse de la reforma fiscal.
+Se encontró que las 15 principales empresas que obtienen ganancias son las que menores impuestos pagan. Indican que gracias al régimen de consolidación fiscal pagan impuestos de 1.8 a 1.5 por ciento en ISR, mientras que la tasa que pagan los contribuyentes es del 28 por ciento.
+El gobierno de Felipe Calderón tendrá que hacer frente a la tarea de presentar una propuesta fiscal al Poder legislativo, que ha dicho no le hará la tarea, y de paso no asumirá costos políticos por cambiar la normativa tributaria.
