A finales de 2007 y principios de 2008, los legisladores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no dejaban pasar la oportunidad de externar la necesidad de una reforma fiscal para conseguir aumentar la recaudación tributaria en nuestro país, sin embargo, conforme ha pasado el tiempo las puntualizaciones no han avanzado, se mantiene las generalidades: la eliminación de regímenes especiales y poco se ha dicho de las tasas impositivas que se podrían estar reflejando en las nuevas leyes tributarias.
Esta reforma fiscal deberá tomar en cuenta las necesidades sociales de México, es decir, tratar de conseguir los recursos para avanzar en los rezagos educativos, salud, infraestructura, entre otros, pero buscando fórmulas alternativas al gravamen del IVA en alimentos y medicinas, como lo demuestra la encuesta de Ipsos Bimbsa en la que un 87 por ciento se encuentra en contra y un 12 por ciento a favor, 1 por ciento no tiene opinión al respecto.
Los mismos especialistas y políticos han augurado que de aplicar esta receta –que recomienda la OCDE- nuestro país caería en problemas sociales, pues la población en su mayoría no ha registrado una mejoría real en sus bolsillos.
Esta medida debería explorarse en la medida en que la economía de la mayoría de los mexicanos mejora, y de esta forma se estaría avanzando de manera paralela en la eliminación de regímenes especiales.
Quizá por esta razón, el conflictivo impuesto al consumo no se ha expresado por las autoridades, y los coqueteos que ha manifestado han sido rechazados por los partidos, al considerar que dañaría severamente la economía familiar del grueso de los mexicanos.
Un estudio del Colegio de México indica que el gasto en alimentos, medicinas y transporte público representa 65.2 por ciento del desembolso total de la población que vive en pobreza extrema en las áreas rurales, porcentaje que llega a 79.3 por ciento en las áreas urbanas.
Advierte que de generalizarse el cobro del IVA en medicinas y alimentos se elevarían dichas proporciones a 71.7 y 87.3 por ciento, respectivamente.
Con esta situación investigadores indican que la generalización del IVA dejaría a la población más pobre del país con apenas 3.7 pesos al día para satisfacer sus necesidades básicas, y casi cinco millones de personas pasarían a engrosar las filas de la pobreza extrema, una las tareas centrales de este gobierno.
El actual gobierno en su propuesta fiscal tendrá que buscar formas que dañen lo menos posible al sector menos protegido de nuestro país y que al mismo tiempo lo impulse para salir adelante a través de la educación o capacitación en el peor de los casos para que los ingresos sean mayores en las familias mexicanas.
