El secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, se caracterizó durante su gestión al frente de la dependencia por mantener una excelente comunicación con los organismos internacionales, sin embargo, al interior su funcionamiento fue diametralmente opuesto al ser el principal opositor de los proyectos para el desarrollo interno como El Fénix y el tren bala México-Guadalajara.
El 21 de octubre de 2004, las empresas Chemicals Co (canadiense) y las mexicanas Indelpro y Grupo Idesa, se adjudicaron el Proyecto Fénix, que deba lugar al establecimiento petroquímico más importante de las últimas décadas en México; cuyo costo se había estimado en más de dos mil millones de dólares, para producir un millón 200 mil toneladas de etileno (bolsas, empaques, anticongelantes, tubería, pinturas, etc.) y 600 mil toneladas de propileno al año (hules sintéticos, resinas, solventes, etc.).
Sin embargo, esto no sucedió por la argumentación de que la SHCP no quiso otorgar un trato preferente a los integrantes de la IP ganadores de la licitación. La dependencia a cargo de GIL Díaz no estuvo de acuerdo en autorizar un subsidio (descuentos) a los insumos (naftas) que debía suministrar Pemex como parte de la asociación con los particulares.
El 14 de agosto de este 2006, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, dio a conocer que el proyecto del tren bala México-Guadalaja se cancelaba porque la Secretaría de Hacienda determinó que el gobierno habría tenido que erogar ocho millones de dólares por cada kilómetro, lo que significaría una inversión por casi 4, 800 millones de dólares, por lo que “se paró".
El sector empresarial de nuestro país sostiene que la tarea en cuestiones macroeconómicas se ha hecho de manera excelente, sin embargo, al interior no se pudo reflejar “esta excelente labor”.
La encuesta Hacer negocios 2006 del banco Mundial reafirma que América latina sigue estancada en un modelo estático de mercado. Los negocios mexicanos afrontan paralizantes regulaciones e inadecuadas protecciones legales que debilitan su potencial para la competencia en el mercado, en las inversiones y en las ganancias de productividad.
En la categoría que aborda “contratar y despedir” nuestro país está en el lugar 125 entre los 155 países encuestados. Despedir a un trabajador le cuesta a una firma casi 75 semanas de salarios. México también está en el lugar 125 en “protección a los inversionistas” contra fraudes y otros abusos corporativos. Por otra parte, está en el lugar 100 en la categoría de “ejecución de contratos”, lo que significa que cuando dos partes llegan a un acuerdo, ninguna está segura de que se va a mantener.
La Secretaría de Hacienda tuvo sus claros oscuros, a nivel exterior excelente, adelantando pagos de la deuda para disminuir los intereses al país, pero cuestiones que son igualmente importantes y que hubieran dado un impulso económico al país no se dieron por su cerrazón y falta de tacto para tratar de responder a los rezagos que mantiene nuestro país.
