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2003-08-15
Una de las explicaciones de la economía tan apática de los últimos años ha sido la ausencia de reformas. Una de las más importantes es sin duda la hacendaria, que no ha permitido al Gobierno aplicar una política fiscal anticíclica, ni gastar en las prioridades señaladas de salud, educación, pobreza e infraestructura.
La Legislatura LVIII saliente ha sido juzgada por muchos como una de las peores en la historia. Su desempeño tan mediocre no radica en el número de leyes aprobadas, ya que parece que fueron muchas, sino en su calidad tan pobre. Los Diputados pusieron sus intereses personales y partidistas muy por encima del bien común. Bloquearon prácticamente toda la agenda de reformas del Presidente y se aseguraron de que no pudiera realizar el cambio prometido. No ayudó que el Ejecutivo armó un gabinete disfuncional y que las promesas de planeación estratégica quedaron en el olvido. Tampoco ayudó el hecho de que los propios votantes eligieran una Cámara sin mayoría, que prácticamente garantizó que no hubiera consensos en los temas importantes.
Posiblemente uno de los mejores ejemplos del fracaso legislativo fue la dizque reforma fiscal aprobada a fines de 2001. Los Diputados tomaron la propuesta del Ejecutivo, le quitaron lo relevante y le impusieron parches ridículos. La mayoría de los impuestos especiales que se aprobaron en ese momento tuvieron que ser eliminados posteriormente. Las metas recaudatorias no se alcanzaron, la simplificación administrativa retrocedió y la necesidad de una verdadera reforma quedó todavía más evidente.
El mes entrante empieza la Legislatura LIX con nuevas esperanzas y con cierto consenso sobre la necesidad de una verdadera reforma hacendaria. Los nuevos Diputados ya organizaron un foro de discusión para buscar puntos de acuerdo entre los partidos, mientras que los gobernadores instituyeron la Convención Nacional Hacendaria con la idea de impulsar una macro reforma fiscal. Dado que no habrá una cantidad significativa de ingresos no-recurrentes y se espera que el precio del petróleo disminuya el año entrante, el Gobierno tiene que redoblar sus esfuerzos por reemplazar el ingreso perdido y encontrar nuevas formas de allegarse recursos.
El objetivo principal de la reforma hacendaria es incrementar los ingresos del Gobierno federal. Primero, Fox prometió aumentar los recursos en 6 por ciento del PIB para ampliar el gasto destinado a la educación, al alivio de la pobreza, a la ampliación de los servicios de salud y al mejoramiento de la infraestructura básica. Segundo, los grados de libertad o el margen de acción que se tiene sobre el presupuesto ha disminuido año con año. Si no se hace algo significativo en los siguientes años, nos enfrentaremos a una verdadera crisis fiscal tan pronto como en el siguiente sexenio. Tercero, México tiene la recaudación tributaria más baja de América Latina.
El Gobierno piensa que la respuesta radica fundamentalmente en la reforma al IVA, vía la eliminación de las exenciones y la implantación de una tasa uniforme. Sin duda, sería la forma económica más fácil ya que el impuesto es el más simple de administrar y su habilidad recaudatoria es función directa de no permitir excepciones. Sin embargo, políticamente es la más explosiva ya que no es fácil vender la idea de imponer impuestos en alimentos y medicinas, que afectarían más a los más necesitados. El fracaso de la reforma en 2001 se derivó de la idea de disfrazar un impuesto al consumo como algo que pudiera ser equitativo y distributivo.
La alternativa sería imponer impuestos especiales a bienes específicos. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas crean más problemas, no recaudan lo que prometen e introducen distorsiones que terminan por perjudicar al sistema productivo. Al final de cuentas, la política de ingresos es sumamente ineficiente para mejorar la distribución del ingreso. Esta es la razón por la cual el Gobierno busca aumentar la recaudación vía impuestos al consumo, incrementar la recaudación y después gastar más en búsqueda de una mayor justicia social.
Sin embargo, hay un problema de fondo en este enfoque. Existe una ineficiencia absurda en el gasto público que vemos todos los días. Las pensiones multimillonarias de los ex-presidentes, los salarios exagerados de los funcionarios públicos, el exceso de diputados y senadores, la canalización de recursos a los partidos políticos y la facilidad para formar un nuevo partido que recibe fondos del erario, son apenas algunos pocos ejemplos del malgasto diario que perdura. La duplicación de funciones, puestos que tienen poco sentido, secretarías enteras que se ocupan de cuestiones no prioritarias, los abusos constantes, el exceso de trámites y requisitos absurdos, junto con miles de otros problemas hacen que el gasto público sea no solamente ineficiente, sino improductivo e indeseable.
¿Para qué entrarle a una reforma hacendaria cuyo objetivo es incrementar los recursos públicos? Significa quitarle dinero al sector privado y a la población en general, que gasta en forma eficiente y según sus propias prioridades, para dárselo al Gobierno, que lo malgasta. De cada peso que se destina a los programas de alivio de la pobreza (lo que representa un fin muy loable), un porcentaje elevado se va simplemente en su administración y otro tanto seguramente se pierde en los bolsillos de los funcionarios locales.
La verdadera reforma hacendaria que necesitamos está por el lado del gasto. Si el gobierno utilizara sus recursos en forma eficiente, le alcanzaría para mucho más. Si la gente viera que sus impuestos realmente trabajan para el bien común, seguramente disminuiría la evasión. Aumentaría la credibilidad y confianza de los funcionarios públicos. No solamente aumentaría la productividad, sino que habría más crecimiento económico y creación de empleos.
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