En estos días en materia tributaria se manifiestan diversos planeamientos, siendo el más reiterativo sobre la necesidad de incrementar la recaudación fiscal, ya que de acuerdo con una investigación denominada “La perdida de la recaudación del erario federal mexicano por los PRESUPUESTOS DE GASTOS FISCALES, 2002-2007”, del Centro de documentación, información y análisis de la Cámara de Diputados, se enuncia que México es el país con el más bajo nivel de recaudación tributaria, de los miembros integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Esta situación se origina por un fenómeno multicausal, en donde intervienen diversos factores, generándose con ello una pérdida en la recaudación en esos seis años, en materia del impuesto sobre la renta, impuestos especiales y estímulos fiscales. En dicho documento se resalta que la finalidad del mismo consiste en coadyuvar en los trabajos relacionados con la Reforma Fiscal, que se prevé, en los meses venideros, sin embargo también se aclara que los resultados obtenidos no tiene por objeto medir la labor de fiscalización que realizan las autoridades fiscales, situación última que también incide en la recaudación de manera negativa.
Esto es valido desde un punto de vista económico y político, pero ¿Dónde queda la parte social?, porque si bien es cierto que el estado requiere de recursos tributarios para subsanar un gasto publico, también lo es que su destino debe ser la satisfacción de las necesidades elementales de la sociedad; entendiéndose como gasto publico el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo, incluyendo gastos de inversión y de consumo; siendo importante porque influye en la asignación y la distribución de los ingresos, en la estabilización y desestabilización económica, de un pueblo o estado, según José Ayala Espino, debiendo traducirse en servicios de seguridad publica, de salud y de educación, vías de comunicación, la creación de leyes, la impartición de justicia, por mencionar algunos.
En las últimas semanas se han publicado en diversos medios impresos las siguientes notas: “Presidencia gasto 5 mdp en encuestas en 3 meses”, “Reconocen senadoras derroche de manicure”, “Conservarán casi 400 mil funcionarios seguros VIP”; “Diputados sobre el billete”, “Al día, cada legislador cuesta 9 mil 430 pesos”, además de los sueldos y las prestaciones onerosas que perciben los magistrados. Esto ajeno a los grandes derroches de recursos fiscales que el gobierno incurrió en los últimos años como son los rescates carretero, bancario y de los ingenios azucareros; aunado además de la baja calidad educativa en los niveles de primaria y secundaria, y de seguridad pública ni se diga.
La única forma de justificar y de motivar el pago de contribuciones, es la aplicación de tales recursos a un gasto público convincente, que satisfaga la necesidades básicas de la sociedad mexicana, no obstante cuando la realidad no corresponde con la teoría entonces desde un punto de vista sociológico, se generan reacciones encontradas, inclusive de animadversión en el pago de los tributos. La problemática fiscal es muy compleja, pero no se le puede apostar para su solución solamente con medidas recaudatorias si no hay una conciencia en la administración y una aplicación correcta del gasto.
El manejo eficaz o ineficaz del gasto público se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo, estancamiento o retroceso de la vida social y económica de la población en general; por ello no se puede pensar en una reforma fiscal solamente viendo un solo lado de la moneda, siendo fundamental la regulación en la aplicación del gasto de manera contundente, y porque no, sobre la necesidad de contar con una ley de responsabilidad fiscal.
